La administración pública, por su gran influencia en el mercado, puede liderar, potenciar y contribuir activamente a la implantación de políticas y estrategias encaminadas a la adquisición de productos y de servicios ambiental y socialmente más responsables, apoyando la transformación de este modelo socioeconómico en otro más sostenible.
La principal herramienta que disponen las administraciones públicas para impulsar este cambio es la compra y contratación pública sostenible, que tiene en cuenta:
- Aspectos ambientales, que incluyen todas aquellas medidas orientadas a reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente que un producto puede causar a lo largo de su ciclo de vida, o que un servicio u obra pueden producir durante su ejecución, promoviendo la eficiencia energética, el uso de productos reutilizables, el empleo de energías renovables, la minimización de emisiones, la adecuada gestión de residuos, etc.
- Aspectos sociales y éticos, dirigidos a promover la equidad social, el empleo de calidad, la igualdad entre mujeres y hombres, la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, el respeto a los Derechos Humanos en la cadena de producción y el comercio justo con países en vías de desarrollo.
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Unidad de Educación Ambiental
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