El Pleno de Los Realejos aprobará el primer Reglamento de Participación Ciudadana de la localidad, un documento cuyo proceso de redacción ya nace de la participación ciudadana y la transparencia, dado que el primer borrador fue trabajado entre el equipo de gobierno y los grupos de la oposición. Posteriormente, el texto pasó a analizarse en cada uno de los siete consejos de barrios, que con sus aportaciones se ha depurado y mejorado para su inminente aprobación.

El documento estuvo además accesible durante un período de dos meses en la web municipal con el fin de que los vecinos que así lo desearan pudieran consultarlo y presentar las correspondientes propuestas de modificación. “En definitiva, si hablamos de participación ciudadana, no podíamos obviar el ofrecer la propia participación en todo el procedimiento hasta llegar al documento en cuestión”, agrega la concejal del área, Sandra Pérez.

Los instrumentos de debate, como foros, grupos, talleres y similares, deberán permitir y facilitar la libre expresión y el intercambio ordenado de ideas para lograr un contraste efectivo de argumentos y resultados estructurados que permita conocer la respuesta ciudadana a la consulta.

Los instrumentos de debate contarán con una persona designada por el alcalde, o concejal en quien delegue, para la dinamización, ordenación y resumen de los debates. Esta persona velará por el cumplimiento de los requisitos de respeto, libertad, igualdad de trato y eficacia de las sesiones, y elaborará el acta resumen del debate. El conjunto de las actas, se incorporará y fundamentará el informe de los resultados del proceso que se presentará a la Comisión de Seguimiento, si la hay, por el órgano o persona responsable de la gestión, incorporando la opinión de la comisión al informe final.

El responsable de la gestión realizará una evaluación del proceso, analizando la idoneidad y eficacia de los medios empleados, así como la utilidad y viabilidad de los resultados obtenidos. El alcalde a la vista del informe final, acordará, en un máximo de 90 días, la toma en consideración de aquellas aportaciones que, a su juicio, pueden mejorar la actuación sometida a consulta.

Fuente: Diario de Avisos, 26 de noviembre de 2016