Las pequeñas y medianas empresas podrán presentarse con un procedimiento más sencillo y menores cargas a los contratos con las administraciones públicas.

• Supone una disminución de las cargas administrativas para las empresas licitadoras y fomenta la competitividad, lo que permite un acceso más fácil a los contratos públicos a PYMEs y emprendedores.
• Además, no será necesario acreditar la solvencia técnica y económica y financiera cuando el valor de los contratos no exceda de 80.000 euros (en obras) o 35.000 euros (en servicios).

El Consejo de Ministros ha aprobado nuevas medidas de apoyo a las empresas españolas, en especial a las pymes.

El Ejecutivo ha modificado el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores a la contratación pública. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha enmarcado esta decisión en el proceso global de reforma de la Administración y de reducción de la burocracia.

La principal novedad es que ya no resultará necesario para las empresas disponer de una clasificación previa para acceder a los contratos de servicios, con el consiguiente ahorro en plazos y costes. Existirá un sistema de clasificación voluntario y más sencillo que el actual que facilitará el trabajo a las empresas que se presentan de manera habitual a las licitaciones.

Sáenz de Santamaría ha destacado que la nueva normativa amplía el periodo en que los trabajos realizados por las empresas se tienen en cuenta para acreditar su experiencia: en los contratos de obras, pasa de cinco a diez años, y en los contratos de servicios, de tres a cinco. Además, se permite considerar como propia la experiencia de las filiales de las empresas españolas en el extranjero.

Participación en proyectos de la Unión Europea

El Consejo de Ministros también ha aprobado el Programa de Gestión de Instrumentos de la Unión Europea y la Empresa Española. El objetivo es ampliar el acceso de las empresas a las oportunidades de negocio en el marco de proyectos de la acción exterior comunitaria. La vicepresidenta del Gobierno ha apuntado que de este modo “se posibilita abrir las expectativas de la economía española a unos fondos que pueden superar los 96.000-97.000 millones de euros”.

El programa se articula a través de tres tipos de acciones: en los países beneficiarios, en Bruselas y en relación con la selección de adjudicatarios de proyectos. Entre otras medidas, Sáenz de Santamaría ha citado el refuerzo de la formación del personal de la Administración española en el exterior y una mayor difusión entre las empresas de las oportunidades que pueden derivarse de la acción exterior de la UE.